LAS CONDENAS

Uno de los condenados fue el marroquí Jamal Zougam, dueño del negocio de llamadas telefónicas y servicio de Internet que proporcionó las tarjetas de prepago de los celulares usados para detonar las bombas. El proclamó su inocencia y alegó que la mañana de los atentados había dormido hasta tarde, pero algunos sobrevivientes testificaron que lo vieron en un tren: fue sentenciado a 42.922 años de prisión.

Otro marroquí, Otman Gnaoui, quien era mano derecha del jefe del grupo (muerto en la explosión del apartamento), recibió también 42.922 años de cárcel.
En tanto, el ex minero español Emilio Suárez Trashorras recibió 34.715 años de prisión. El había robado a la empresa minera donde trabajaba 200 kilos de explosivos que entregó a la banda que montó los mortíferos ataques.

Por su parte, Hassan el Haski, Youssef Belhadj, Abdulmajid Bouchar, Hamid Ahmidan, Nasreddine Busbaa, Fouad el Morabit Amghar, Mohamed Larbi Ben Sellam, Mahmoud Slimane Aoun, Rachid Aglif, Mohamed Bouharrat, Antonio Ivan Reis, Saed el Harrak, Sergio Alvarez, Antonio Toro y Rafa Zouhier, fueron exculpados de los cargos más graves, pero condenados por cargos menores, como pertenecer o colaborar con un grupo terrorista. Recibieron penas de entre 2 y 18 años de prisión.

Todo el proceso estuvo rodeado de polémica y muchos cuestionaron el fallo definitivo de la justicia, que absolvió de los cargos a uno de los inculpados más famosos: Rabei Osman El Sayed, apodado  "Mohamed el Egipcio".

Los investigadores afirmaron que tenían grabaciones telefónicas en las que “Mohamed el Egipcio”, quien al momento del juicio estaba detenido en Italia, se jactaba de que él había urdido los atentados. Sin embargo, los jueces desestimaron tales evidencias.
También fueron absueltos: Carmen Toro, Emilio Llano, Mohamed Moussaten, Ibrahim Moussaten, Raúl González, Javier González Díaz, Iván Granados, Basel Ghalyoun, Mouhannad Almallah y Abdelilah el Fadoual el Akil.

Aunque  Jamal Zougam, Otman Gnaoui y Emilio Suárez fueron sentenciados a miles de años de prisión, estas largas sentencias son meramente simbólicas, pues la ley española establece que ningún condenado puede estar preso más de 40 años. En España, como en la mayoría de los países europeos, no existe la pena de muerte.